MORELIA, México (AP) — Por un golpe de suerte, Guillermo Valencia, candidato a una alcaldía del occidente de México, decidió a último momento irse con un amigo a ver en la televisión la pelea de box de su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez y gracias a eso se libró de la balacera que sufrió su equipo en una expresión más de la violencia que golpea el proceso electoral mexicano que ha cobrado la vida de 34 políticos.

Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia —candidato por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, capital del estado occidental de Michoacán— decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.

El caso de Valencia se suma a más de cuatrocientos ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de la consultora privada en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente de México, superada por la votación de 2018. cuando se reportó más de un centenar de homicidios de políticos.

Los comicios de junio, los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150.000 candidatos, serán cruciales para el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1.063 diputaciones estatales y 1.926 ayuntamientos.

La multiplicación de los ataques y amenazas han llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a salir de la carrera electoral e incluso algunos a cambiar de residencia para evitar correr con la suerte del exprocurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía norteña de Cajeme, estado de Sonora, o de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de la ciudad central de Moroleón, estado de Guanajuato, quienes murieron a tiros este mes durante actos de campaña.

La creciente violencia ha desatado una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo López Obrador para proteger a los candidatos. Algunos analistas advierten que la situación de violencia podría alentar la abstención, el control de los grupos delictivos sobre las decisiones de los candidatos y que lleguen al poder políticos ligados a actividades ilícitas.

No obstante, el mandatario mexicano ha defendido sus políticas asegurando que permanentemente se da atención a los candidatos y se actúa para castigar a los responsables, aunque admitió, a raíz del asesinato de Murrieta, que “puede ser que sea responsable pero no culpable”.

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