CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los representantes del gobierno y la oposición venezolana iniciaron el viernes en Ciudad de México una serie de deliberaciones, que se extenderán por los próximos tres días, en la que se abordarán temas claves como la definición de condiciones electorales y el levantamiento de las sanciones económicas.

A dos semanas de la firma de un memorando de entendimiento que marcó el arranque del proceso, los delegados del presidente Nicolás Maduro y de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, arribaron a la capital mexicana para iniciar formalmente las conversaciones con una agenda de siete puntos.

“Nosotros venimos aquí a buscar mecanismos para que todo el pueblo venezolano se vea beneficiado por este esfuerzo de diálogo”, dijo a la prensa el jefe de la delegación del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a la salida de un hotel de la capital mexicana donde se realizarán las reuniones.

Rodríguez vino acompañado de los diputados Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, Francisco Torrealba, Génesis Garrett y Diva Guzmán; la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; el viceministro de Economía, William Castillo, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Lavoe.

Por la oposición participarán en las reuniones el exalcade Gerardo Blyde, como jefe de la delegación, y los exdiputados Freddy Guevara, quien fue excarcelado a mediados de agosto, Luis Aquiles Moreno, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, y Luis Rondón y el dirigente socialcristiano Roberto Enríquez.

Tanto la liberación de Guevara, ocurrida el 15 de agosto, así como la decisión que tomó esta semana la coalición opositora de participar en las elecciones regionales previstas para noviembre han sido consideradas por las partes como los primeros resultados del incipiente proceso que se prevé que se extenderá por al menos seis meses.

Maduro indicó esta semana que su delegación exigirá en las primeras deliberaciones el levantamiento de las sanciones económicas que enfrenta el gobierno desde hace más de tres años, y la entrega de algunos activos del Estado venezolano en el exterior que están congelados.

Aunque la suspensión de las sanciones económicas es uno de los puntos de discusión en las negociaciones, la decisión final sobre ese tema está en manos del gobierno de Joe Biden. Al respecto el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo el mes pasado que “el régimen de Maduro puede crear un camino hacia el alivio de las sanciones permitiendo a los venezolanos participar en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres y justas que deberían haberse celebrado hace tiempo”.

Washington levantó en julio una sanción para permitir a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado de petróleo que es utilizado para cocinar. La decisión fue considerada como un “gesto de buena fe” para promover el diálogo.

Antes del inicio de la nueva fase del proceso Guaidó exigió al gobernante venezolano garantías para los próximos comicios.

En un mensaje que se difundió en las redes sociales Guaidó indicó que “no somos espectadores pasivos de un proceso, debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles”.

Entre los analistas no hay mayores expectativas de que en estos diálogos se llegue acuerdos en materia electoral debido a que hasta el momento Maduro no ha mostrado señales de estar dispuesto a aceptar las exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que se den en Venezuela unas elecciones con condiciones y garantías democráticas.

De acuerdo a lo previsto en el memorando de entendimiento, que se firmó el 13 de agosto, en estos diálogos se abordará una amplia agenda que incluirán: la definición de garantías electorales y un cronograma para elecciones observables; el levantamiento de las sanciones; la restauración de derechos a activos; el respeto al Estado constitucional; la convivencia política y social; la renuncia a la violencia; la reparación de las víctimas de la violencia, y la protección de la economía y la población.

Luego del fracaso de cinco intentos de diálogos en los últimos siete años, la comunidad internacional apuesta a que en esta oportunidad se abra el camino a una solución negociada y electoral a la compleja crisis económica y social que golpea a Venezuela que ha generado en los últimos años la migración de más de cinco millones de personas que representan más del 10% de su población.

Al igual que el proceso se dio en el 2019, Noruega participa en estas negociaciones como mediador mientras que Rusia y Holanda actuarán como acompañantes de las delegaciones de Maduro y la oposición.

La organización Human Rights Watch exhortó esta semana a las partes, a través de sus director para las Américas José Miguel Vivanco, a comprometerse en la mesa de diálogos en adoptar medidas para restablecer el respeto a los derechos humanos y permitir que se realicen elecciones libres.

Venezuela ha enfrentado por más de una década una compleja situación económica, social y política que se profundizó en el último año debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus que agravó la paralización económica, la hiperinflación de cuatro dígitos, la pobreza y el colapsado sistema de salud.

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