SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el general Adán Cáceres; la pastora Rossy Guzmán, el teniente coronel Rafael Núñez de Aza y demás  implicados en la Operación Coral.

Uno de los cercanos colaboradores del exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) confesó que recogía un promedio de 5.5 millones de pesos al mes solo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para entregarlos al que la Procuraduría ha denominado como “entramado de corrupción” encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre.

Las revelaciones las hizo el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez durante los interrogatorios que le practicaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directora de Persecución y director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), respectivamente, y Miguel Collado.

Girón Jiménez, uno de los seis imputados, confesó que en febrero de este año repartió 1,271,100 pesos que colectó de la nómina del CESTUR.

Indicó que de ese total entregó 234 mil pesos a Cáceres Silverio; 100 mil pesos al exsubdirector de la Policía, Neivy Pérez Féliz, y 746 mil pesos en varias partidas al coronel Rafael Núñez de Aza.

También reveló que colectaba mensualmente tres millones de pesos por concepto del pago de nómina, dos millones por viáticos y 500 mil por gastos de inteligencia. El documento que hace referencia al interrogatorio no indica desde cuándo se registraban los ingresos con esos valores.

 

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