SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la medida de coerción a los imputados de la «operación Coral», a partir de las 11:00 de la mañana.

Los implicados en el caso son el mayor general Adams Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, contra quienes el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción.

El Ministerio Público acusa al grupo de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Este lunes fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se presentaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional depositaron la solicitud de medida de coerción contra los implicados.

Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca y quien encabezó el equipo que depositó la instancia de más de 200 páginas, declaró en el palacio de justicia de Ciudad Nueva que los hechos atribuidos a estas cinco personas son el fruto de meses de investigación.

Indicó que los fiscales han realizado amplias indagatorias “para poder presentar una solicitud de medida fuerte, con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva” para todos los imputados.

La Pepca, que coordina la Operación Coral junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó también que el tribunal declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen en perjuicio del patrimonio público.

Agregó que fruto de los 27 allanamientos realizados durante el fin de semana en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.

“Tenemos inmuebles en Colinas del Oeste, tenemos villas, tenemos distintos tipos de inmuebles” en varios lugares de la geografía nacional, avanzó Ortiz, quien dijo, sin embargo, que la estimación económica está todavía en proceso, a fin de determinar los montos con que ha sido defraudado el Estado.

La magistrada Ortiz agregó que el Ministerio Público no duda que, en el transcurso de las investigaciones, que ahora se amplían, resulten otras personas implicadas en estos ilícitos y se irán sometiendo según se encuentren los elementos de prueba para solicitarles medidas de coerción.

Sostiene que el Ministerio Público reúne suficientes evidencias para lograr la prisión preventiva contra los cinco prevenidos, que es, además, la medida de coerción idónea para salvaguardar el desarrollo y ampliación de las investigaciones y garantizar que los implicados respondan ante la justicia, debido a la gravedad de los hechos.

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